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Organismo que invierte más en radares que en sellos de Correos.

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La semana pasada el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón a un conductor frente a la DGT porque esta última le embargó su cuenta corriente por el pago de una multa cuando ni siquiera le había sido comunicada.
El alto tribunal no solo le da la razón  sino que además advierte de que la DGT ha utilizado la publicación de las notificaciones de denuncia en los boletines oficiales con demasiada frecuencia cuando solo se puede utilizar en circunstancias extremas.
 
Automovilistas Europeos Asociados, que ha sido la asociación que ha llevado todo el proceso judicial de este caso, estima que este tipo de notificación se ha producido en una de cada tres multas impuestas por la DGT en los últimos años.
 
Pero es que para la DGT esta forma de notificación era perfecta, al menos en la época del anterior director general. Imaginemos una multa de 300 euros y la pérdida de 2 puntos del carné de conducir por un exceso de velocidad.
 
Si un conductor recibe la notificación de esta denuncia puede presentar un recurso porque, por ejemplo, no sea su coche el sancionado. Pero puestos en el caso de que sea suya realmente puede optar por pagar 150 euros y perder los dos puntos. Sin embargo, si no recibe la notificación no puede decir a la DGT quién era el conductor del vehículo en ese momento ni tampoco puede pagarla.
 
Y al finalizar el plazo correspondiente la multa ya se ha cambiado por la de 900 euros y sin pérdida de puntos, al no haberse identificado al conductor. Se podría pagar 900 euros y paralizar el proceso de la multa pero como el conductor sigue sin saber que tiene una multa debe esperar a la notificación de Hacienda de que le han embargado una cuenta corriente y entonces ya la multa es de 900 euros más otro 20% del embargo. O sea, 1.080 euros por una sanción que podía haber quedado en 150 euros.
 
Lo curioso es que la DGT no conseguía nunca contactar con el conductor denunciado mientras que Hacienda lo lograba a la primera. Debe ser que el departamento de correos o mensajería de Hacienda es más profesional que el de la DGT, o que este último organismo invierte más en radares que en sellos de correos.  
 
Este procedimiento, que se ha repetido miles de veces por parte de la DGT, es el timo perfecto, porque es legal, o al menos era legal hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dado la razón al conductor y ha recriminado a la DGT.
 
Pero como siempre los únicos que pagan son los ciudadanos de a pie. Por supuesto a  nadie con un buen abogado le van a imponer una multa así. Es más, si es una persona suficientemente importante, ni siquiera llegará a tramitarse la denuncia.
 
Ahora todos los conductores que se han visto timados por la DGT tienen que pagar abogado y procurador si quieren tratar de luchar para que la DGT, o Hacienda, les devuelva su dinero. Lo curioso es que ahora, que hay que hacer frente a una responsabilidad, ya no está el máximo responsable de la DGT.
 
Nuestros dirigentes, sobre todo si ocupan un cargo político como es el de director general de tráfico, parece que no tienen ninguna responsabilidad en nada. Solo tienen que conseguir terminar su gestión durante los cuatro años de mandato y al cabo de ese tiempo, siempre, irse de rositas.
 
En este caso de las multas sin notificar sinceramente yo no sé de quién es la culpa, quien ha sido el que ha dado la orden de que se actuase de esta forma ilegal. Pero debería investigarse para que en el futuro no pase algo parecido. Y repito que yo no sé si es Pere Navarro, si es el responsable del centro de tramitación de sanciones montado en León por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, o el departamento jurídico de la DGT, pero alguien tendrá que dar la cara.           
 
Cuando uno comete una infracción debe pagarla, pero tiene que haber las suficientes garantías legales para que todo este proceso sea transparente. No tiene ningún sentido que la Administración incumpla deliberadamente la ley y que sean los ciudadanos, los que pagan con sus impuestos todo el funcionariado, todos los departamentos jurídicos de los diferentes organismos, los que tengan que pagar un abogado para defenderse de los atropellos de la Administración.
 
El caso de la notificación de las multas mediante el procedimiento edictal es flagrante porque una de cada diez preguntas enviadas al consultorio dun periodico, y hace referencia a un embargo por una sanción no notificada. Pero no es el único caso. La DGT con una cierta frecuencia envía multas a los conductores en las que no se ha aplicado el margen de error del velocímetro que es legal. Y eso es una vergüenza.
 
Uno tiene que pagarse un abogado, no para denunciar al administrativo que hace mal esa tramitación que es lo que se debería hacer, sino simplemente tiene que pagarse un abogado para que no le timen y le cobren 200 o 300 o 500 euros de más.
 
Porque curiosamente los recursos a las multas de tráfico de la DGT y de los ayuntamientos, los estudian los mismos que han impuesto las sanciones. Por ello, la respuesta es siempre la misma, “consultado el agente sancionador se ratifica en los hechos y la sanción es firme”.
 
Y les voy a recordar un caso curioso: a un conductor se le envía una sanción impuesta por un  agente de la Guardia Civil desde un helicóptero. En la denuncia no coincide ni la marca, ni el modelo, ni el color del coche denunciado, pero tras el recurso interpuesto por el conductor, la sanción fue firme porque el agente no recuerda bien esos datos del coche pero se acuerda perfectamente de la infracción.
 
Vamos, que hacer un recurso contra una sanción de la DGT vale para poco, o al menos esto ocurría con el anterior equipo dirigido por Pere Navarro. Con la nueva directora, que está imponiendo muchos cambios en la DGT, y en principio creo que para mejorar, quizá sea otra cosa. A lo mejor se elimina el sistema de la notificación edictal de las sanciones o se emplea solo en casos extremos en los que sea imposible localizar al conductor, que es lo que dice la ley.